Ante la ola de atentados contra las mujeres, acuerdan la instalación del Sistema Regional de Prevención y Atención de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta idea fue diseñada en la reunión que sostuvieron autoridades judiciales, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, entre otras, convocados por el Gobierno Regional de Piura.
Este Sistema funcionará también a nivel provincial y distrital, coordinada por el gobierno local, y el Centro Emergencia Mujer; y estará enlazada con el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana.
El subgerente de Desarrollo Social, José Luis Calle Sosa, refirió la necesidad de formular un protocolo regional para operativizar la ley, y su aplicación de manera interinstitucional; ya que constantemente se producen cambios en los mandos o jefaturas, y por tanto, es necesario contar con una ruta operativa y rápida para tratar más efectivamente esta problemática.
En la cita presidida por el consejero regional de Piura, Hermer Alzamora, se acordó diseñar e implementar un Programa regional de fortalecimiento de capacidades dirigido a operadores de justicia, a cargo de universidades locales de prestigio, y con peso académico.
Su finalidad es que los casos de violencia familiar y de género sean abordados con mayor celeridad y efectividad, descongestionando también la carga procesal.
El representante de la Defensoría, César Orrego Azula, hizo énfasis en que los establecimientos de salud públicos deben atender gratuitamente a las víctimas de violencia doméstica y, además, deben emitir los certificados médicos en forma gratuita.
De la misma manera, dijo que las comisarías están obligadas a recibir las denuncias aunque no pertenezcan a su jurisdicción, las mismas que luego son transferidas a la dependencia que corresponden para la continuación de las investigaciones.
Recalcó que es importante la valoración de la situación de la víctima, en prevención de un feminicidio; para ello, las comisarías deben aplicar en cada caso, una ficha de evaluación de riesgo. La ley permite que debido a las pruebas presentadas, determinados casos sean vistos como maltrato o lesiones leves, y no como delitos de género, pues no consideran el contexto.
La jueza superior, Jacqueline Sarmiento Rojas, manifestó que es importante implementar y acatar las recomendaciones elaboradas por la Defensoría del Pueblo, sobre la atención de casos de violencia familiar y de género, las mismas que serán implementadas en el Protocolo Regional.
Otros de los acuerdos fueron la elaboración de un directorio regional de instituciones en cada distrito que atienden estos casos.
En materia de sensibilización, la elaboración de una campaña de comunicación, y mapas de prevención y atención territorial que ofrezcan referencia e información a las víctimas sobre las instituciones que las pueden atender, tales como: Comisarías, centros de salud, juzgados, unidades médico legales, jueces de familia, entre otras.
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