El plan del gobierno del presidente Martín Vizcarra de realizar recortes para atenuar el avance del gasto corriente se podría extender al Congreso de la República y otras nueve entidades, según un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo al Legislativo.
La medida está en línea con el decreto de urgencia publicado a inicios de mayo por el Ejecutivo, y que reduce el gasto corriente hasta por S/ 969 millones.
A diferencia del decreto de urgencia, que incluye a los ministerios y gobiernos regionales y locales, el proyecto de ley dispone que las medidas de austeridad se extiendan al Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones.
De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, los responsables de las diez entidades tendrán que aprobar medidas de austeridad, el plazo será de diez días hábiles después de que entre en vigencia la ley.
Aunque no se habla de cuánto representaría las medidas de austeridad dentro del presupuesto de las entidades, se señalan que deben estar relacionadas a gastos corrientes por concepto de seminarios, taller, imagen institucional, gasto por diarios, revistas, celebraciones oficiales, publicidad y difusión y adquisición de vehículos.
El proyecto de ley también incluye un artículo que obliga a las entidades a informar a la Dirección General de Presupuesto Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dentro de lo 30 días hábiles siguientes a la publicación de las resoluciones, las acciones realizadas así como el ahorro estimado que se generará en aplicación de las medidas de austeridad.
El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, ya había adelantado a inicios de abril que había que recortar por «gastos superfluos» alrededor de S/ 2.000 millones. Reiteró que su gestión se enfocará en la reducción de gastos corrientes innecesarios. «La reasignación de gastos [de gastos corrientes a gastos de capital] requiere rango de ley», afirmó.
(Fuente: Semana Económica)
