El Poder Ejecutivo observó la ley que prohíbe que las empresas realicen llamadas no deseadas o envíen mensajes de texto para promover sus productos y servicios. Según se argumenta, la autógrafa enviada afecta la libertad de empresa, por ello, el Ejecutivo señala que se necesita de un test de proporcionalidad para ponderar los principios de idoneidad y necesidad de la medida.
Como se recuerda, la iniciativa de prohibir el contacto para publicidad fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso a inicios de marzo, estableciendo que solo podrían enviar información los call centers que se contacten directamente con el proveedor y soliciten, dando su consentimiento «informado, expreso e inequívoco».
Según las observaciones presentadas, la disposición de que los proveedores solo puedan enviar información y publicidad cuando los consumidores se contacten directamente con ellos limita las libertades económicas reconocidas constitucionalmente en los artículos 58 en delante de la Carta Magna.
Cabe agregar que, de acuerdo con la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (Apexo), la iniciativa del Congreso podría costar el empleo de 20 mil jóvenes trabajadores de call centers.
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