El abogado constitucionalista, Juan Carlos Ruiz Molleda se refirió a las manifestaciones que se realizarán desde el 19 de julio y destacó que el Gobierno debe resguardar a la población que ejerza su derecho a la protesta.
El especialista remarcó que existe el derecho a reunirse pacíficamente sin armas según el artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, la protesta pacífica es un derecho.
“No es cierto lo que dice Dina Boluarte de que en este país, la protesta es impulsada por grupos ilegales, mineros ilegales y narcotráfico. La protesta es un derecho fundamental”, dijo Ruiz Molleda. En este sentido, afirmó que hay una obligación del Estado de proteger a la gente que ejerce el derecho a la protesta.
Sin embargo, precisó que las conductas violentas deslegitiman las protestas. De parte de la Policía, el deber es investigar los casos y, de parte de los protestantes, es necesario erradicar a quienes tengan la intención de ejercer ese tipo de conductas. Mientras tanto, indicó que el Estado debe diferenciar entre la protesta pacífica y democrática y quienes quieren intervenir con actos violentos.
“Si yo incendio el local del Ministerio Público, destruyó el aeropuerto, actúo con vandalismo, eso ya no es ejercer el derecho a la protesta. Eso es delito”, sostuvo.
Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, de diciembre a abril de este año, se realizaron cerca de mil 300 actos de protesta. Es decir, “menos del 10% fueron violentos y la gran mayoría de las protestas en este país son pacíficas”.
Pese a ello, Ruiz Molleda señaló que el Gobierno ha construido una narrativa en la que protestar significa generar caos y vandalismo. Por ello, consideró esencial que todos los peruanos y peruanas conozcan su derecho a opinar y manifestarse de manera pacífica.
En defensa de la democracia
El abogado también destacó que ejercer el derecho a la protesta es una manera de hacer escuchar la voz del pueblo y reivindica el sentido de la democracia, más aún cuando el Congreso viene incrementando su poder sobre los distintos poderes del Estado.
“Vemos que el Congreso controla al Gobierno, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad de Transporte Urbano, controla a la Sunedu y busca tener control sobre las autoridades electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec, entonces, hay un proceso de cooptación. Yo creo que la siguiente es la Junta Nacional de Justicia porque ya controla al Ministerio Público”, detalló.
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