El viernes 3 de julio finalmente se oficializó por el JNE la elección de la señora K como ganadora de las elecciones 2026. Quiero señalar tres puntos importantes al respecto, sin pretensión de herir ninguna susceptibilidad.
En primer lugar, si bien la señora K llega a la presidencia legalmente (lo legal no necesariamente es lo correcto), tendrá problemas de legitimidad si no actúa con justicia en su gobierno. ¿Por qué? Veamos dos razones. Por un lado, en la primera vuelta obtuvo el apoyo de apenas 2.877.678 votos, es decir, el 10.4% del total de la población electoral, que es de 27.474.621 electores habilitados para votar en el 2026. Y en la segunda vuelta votaron por ella solo 9.223.396 peruanos de los 27.474.621 electores habilitados, es decir, el 33.5% del total de la población electoral.
¿Qué significa esto? Que la señora K fue elegida por uno de cada tres peruanos. Dicho de otra manera, votaron por ella 3 de cada 10 peruanos. La mayoría no la eligió: llega al poder con el respaldo de una minoría del electorado peruano. Por otro lado, ella no gana en el territorio nacional, sino gracias al voto de los peruanos y peruanas en el extranjero. No queremos resaltar aquí las dudosas decisiones de la ONPE respecto a las actas electorales del extranjero, pero sí debemos decir que la señora K debe ser consciente de este factor al plantear sus políticas nacionales. Hay un país que exige justicia, y ella no la está ofreciendo.
El riesgo de un gobierno sin legitimidad es que esta pueda ser reemplazada por la fuerza: la mano dura, el gobierno de los militares y policías. Y ya hay señales de que gobernarán las llamadas «fuerzas del orden», pues las leyes de este Congreso han establecido el marco legal para la impunidad de los policías y militares que cometan delitos contra los derechos de las personas en movilizaciones y protestas.
En segundo lugar, esta elección nos deja un gobierno que da continuidad a políticas antidemocráticas, contrarias a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las leyes «procrimen» han sido defendidas públicamente por la señora K y sus partidarios, pues fueron sus congresistas quienes las promovieron para rehabilitar a muchos de sus políticos y políticas (tendremos la oportunidad de hacer la lista), a quienes hoy volvemos a ver en el gobierno; son las mismas leyes que favorecen la impunidad frente a la vida de los peruanos y peruanas, las que buscan liberar de delitos de asesinato a militares y policías.
¿Cómo podrían gobernar sin legitimidad ante la población si no otorgan prebendas a las fuerzas armadas? Eso se llama «gobernar como mi padre». Los militares lo tienen todo: además de buenos sueldos, impunidad frente a los delitos cometidos contra la población. ¿Por qué hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si la justicia peruana está cooptada, no queda ninguna instancia después de la Corte Suprema que les exija justicia cuando cometan delitos de lesa humanidad en el Perú. Eso es «gobernar como mi padre». No se trata de repartir calendarios, frazadas, ropa, táperes… y alguito que te llega a ti… sino de gobernar con todo el poder de las instituciones ya cooptadas, como la JNJ, el TC, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el ejército… y tu aplauso. Esto es la continuidad de un gobierno con la promesa del orden.
En tercer lugar, será el gobierno de los grandes consorcios económicos y transnacionales, aquellos que financiaron las campañas electorales de la señora K. La lista también es larga. Son cuatro campañas electorales que hay que cobrarle a la señora K. ¿Cómo las pagará? No con efectivo, sino con leyes que liberan y perdonan impuestos a unas grandes empresas (aquí también hay una lista larga), que facilitan a otras la actividad minera en territorios comunales, en áreas forestales e intangibles, con leyes que fortalecen sus monopolios comerciales, con leyes que impiden que los usuarios tengan información sobre la calidad de los productos que salen al mercado. Sí, han ganado las empresas, no el Perú pobre.
Será un gobierno de los empresarios. De hecho, ya hay rumores de que se reactivará el pedido de que más gente aporte obligatoriamente a la AFP, de que se retiren feriados obligatorios del calendario, de que no se otorgue gratificación ni CTS a los trabajadores formales, y de que se trabaje más de ocho horas. Rumores o no, una cosa está clara: a los empresarios no les gustan los derechos laborales. «Gobernar como mi padre» es también quitar derechos laborales: Fujimori padre les quitó derechos laborales a los peruanos y peruanas.
Por eso, la posición que debemos asumir es la siguiente:
1) Debemos aceptar que la señora K ganó las elecciones y que dará continuidad al gobierno de facto que ha tenido en los últimos 10 años.
2) Nuestra participación política no termina con el voto. Si usted votó por la señora K, le toca asumir la responsabilidad de que ella cumpla lo que prometió. Debe ser vigilante.
3) Todos y todas debemos apostar por la unidad del país. Los problemas del país no se resuelven negando la historia, sino aprendiendo de ella para no repetir los errores.
4) En Cutivalú seguiremos apostando por todas aquellas acciones que fortalezcan los derechos de todos los peruanos y peruanas.
Por: Wilmer Fernández ramírez – Director de Cutivalú
