La Fiscalía de la Nación aceptó el pedido de la Procuraduría General del Estado para que se cite a 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, a declarar en la investigación que se le sigue a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. A ella se le imputa los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Marco Huamán, fiscal adjunto supremo y coordinador de las denuncias constitucionales del Ministerio Público, firmó la resolución el 5 de setiembre pasado. Sin embargo, hubo una serie de trabas en el camino para que se lograra tal decisión.
El 22 de agosto, desde la Fiscalía informaron a la Procuraduría que solo iban a recoger el testimonio de 16, mientras que con los 24 restantes no era necesario porque “carecían de utilidad y pertinencia”. En este último grupo llama la atención porque aparecen los nombres de ex y actuales integrantes del gabinete del premier Alberto Otárola.
Así se puede destacar en la relación a los exministros Luis Adrianzén (Trabajo), Óscar Becerra (Educación), Nelly Paredes del Castillo (Desarrollo Agrario y Riego), Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones) y Rosa Gutiérrez (Salud).
Además, se encontraban incluidos la canciller Ana Cecilia Gervasi, Alex Contreras, titular de la cartera de Economía y Finanzas, y Julio Dermatini, de Desarrollo e Inclusión Social.
Tras este rechazo, desde la Procuraduría presentaron un nuevo escrito al Ministerio Público para mencionar que era necesario que se incluyan los testimonios de la lista de 24 personas en la investigación contra la presidenta Boluarte porque sostuvieron reuniones con ella en Palacio de Gobierno durante la ola de manifestaciones antigubernamentales que dejó como saldo más de 60 muertos. Es así que el 5 de septiembre, tras más de un mes, se acogió el pedido.
“Lo que se busca es que respondan si tocaron las políticas de Estado o le informaron a la mandataria de las acciones que se estaban coordinando”, nos señaló la fuente de Infobae Perú respecto a la insistencia por tener las declaraciones de los exministros de Boluarte Zegarra.
De momento no hay una fecha exacta para citar a los 40 testigos que deberán hablar dentro del plazo de 45 días más que la Fiscalía de la Nación dispuso para la indagación contra la jefa de Estado y el premier Otárola, quienes también volverán a declarar.
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