La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Marina Navarro, señaló en el programa Punto de Agenda de Cutivalú que los familiares de los fallecidos en las protestas ocurridas contra el gobierno de Dina Boluarte están preocupados de que las investigaciones queden impunes debido a que las carpetas fiscales han sido enviadas a Lima, y desde allí no pueden acceder a la información oportuna de cómo están llevándose a cabo las investigaciones.
El abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero, Wilmer Quiroz, confirmó que nueve carpetas fiscales sobre las muertes y personas heridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, fueron derivadas al equipo especial de la Fiscalía en Derechos Humanos de Lima.
Los casos remitidos corresponden a las 18 muertes a raíz de las manifestaciones del 9 de enero en Juliaca, los dos ronderos fallecidos tras enfrentamientos con la policía el 18 de enero en Macusani y el caso de Isidro Arcata Mamani (62), fallecido dos días después en Ilave.
“Nos preocupa mucho el trabajo de la Fiscalía, las personas denunciantes no están teniendo acceso a la información, que los invitan a reuniones virtuales por Zoom, pero al no tener una buena conexión de internet no pueden saber sobre el proceso. Las investigaciones tienen que ocurrir donde se han dado los hechos”, expresó Navarro.
Asimismo, Navarro señaló que los familiares de las víctimas lo que más quieren es justicia y para ello la Fiscalía debería dar las garantías de la celeridad de las investigaciones.
“Los familiares de las víctimas lo que quieren es justicia, es clave la labor de la Fiscalía, porque la justicia empieza por la investigación”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional
En otro momento, expresó la importancia de que la comisión especial de fiscales designados para las investigaciones se dedique a tiempo completo con las cosas para que no generen más retrasos de los que hay; además, señaló que los fiscales a cargo no tienen experiencia en derechos humanos.
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