La jueza Daiana Serván Sócola opina que alternativa de grilletes electrónicos para personas sentenciadas tendrá los mismos resultados que la frustrada iniciativa de los bloqueadores de celulares en los penales.
A través de Cutivalú, la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, resaltó que esta medida ayudaría a descongestionar los establecimientos penales en donde por celda hay 15 personas.
Sin embargo, la letrada sostuvo que la limitación de esta iniciativa es el presupuesto para adquirir los equipos.
Recordemos que la semana pasada, Sandra Salazar, quien purgaba cuatro años de prisión por estafa en el penal de Chorrillos, fue la primera sentenciada en usar grillete electrónico.
Este piloto, que solo incluye Lima y Callao, beneficiará a 35 personas y después de un año se podría replicar en otros distritos de cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 1322.
Serván Sócola señaló que los bloqueadores esperan desde hace mucho para ser adquiridos, y nuestro penal es uno de los centros que no cuenta con este sistema, y en el caso de la vigilancia electrónica es el INPE quien desarrollará el monitoreo por GPS y ello presupone adquirir los equipos necesarios.
Asimismo, la jueza Daiana Serván resaltó que por el tema de presupuesto duda que la propuesta pueda instalarse en todo el ámbito penitenciario nacional, pues incluso la norma no establece cuando debe invertir el Ministerio de Justicia para implementar el sistema.
Además sostuvo que no solo se trata de colocar el grillete y tener el sistema del GPS, sino también evaluar a las personas encargadas de hacer cumplir las normas.
En ese sentido, explicó que se debe evaluar si las comisarías están habilitadas en el caso de que exista una alerta para ubicar a una persona, en caso de fuga, y se responda de forma eficiente.
“Hay órdenes de captura que no se efectivizan años, se puede tener una buena voluntad, pero por estas deficiencias la medida no puede ser efectiva.”, reveló
La especialista considera que la propuesta de vigilancia electrónica para personas sentenciadas desconoce la realidad de órganos judiciales, los cuales carecen de herramientas de investigación.
MÁS DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA JUDICIAL
En entrevista con Cutivalú, la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, Daiana Serván Sócola, resaltó que en la práctica judicial se ve una serie de deficiencias sobre todo en las áreas de medicina legal, laboratorios y Policía.
Explicó que por ejemplo, en un caso de homicidio, el implicado niega su participación de haber disparado, pero con un simple examen se puede saber si dispararon o no.
Sin embargo, la especialista lamentó que en Piura no existe el insumo para obtener este resultado, por lo que debe enviarse a Chiclayo o a Lima, el cual llega 14 días después.
Asimismo, Serván Sócola comentó que en el tema de violencia familiar, las citas con los psicólogos son programadas después de cinco meses y pese a tener una buena ley para enfrentar este problema, no se tienen las bases necesarias.
En relación al tráfico de drogas, Serván Sócola sostuvo que en las muestras, por más pequeñas que sean, la policía se limita solo a pesar, echar el reactivo y lacrarla para enviarla a Lima y si el informe final no llega, no se puede sentenciar.
Recordó que muchas veces se cumplen los 9 meses de prisión y los resultados no llegan, por lo cual el detenido es liberado porque el plazo de ley vence.
Comentó que existe una serie de casos donde hay déficit presupuestal que no permite una correcta administración de justicia
“El juez no está en el lugar del delito, entonces necesita pruebas y eso las obtiene el fiscal, pero en los casos interviene más activamente la policía, pero si no tiene las herramientas a la mano, será difícil presentar un buen caso al juez y lograr unas sentencia condenatoria.”, aseveró.
Además, la jueza Daiana Serván explicó que esta iniciativa para que los sentenciados usen grilletes electrónicos y cumplan su condena en su domicilio, originaría una nueva carga procesal.
Detalló que ello sucedería, pues hay que desplazase al penal, evaluar los documentos, realizar una audiencia, y según la norma son 24 horas para emitir la resolución. A ello se suma la sobrecarga habitual que no permiten resolver los casos
