El problema en el Perú es que existen leyes drásticas que condenan la violencia hacia la mujer, pero no se cumplen, opinó la abogada Sadith Aponte Coronado en el Consultorio Legal de Cutivalú.
La especialista dijo que la Constitución, el Código Penal, las leyes y los tratados internacionales son claros en la protección de los derechos de la mujer. Sin embargo, la eficacia de esta legislación depende del rol de los actores involucrados: la agraviada, la Fiscalía, el Poder Judicial, entre otros.
La víctima debe denunciar a su agresor; este es el primer paso para aplicar la legislación, explicó Aponte. Por ello instó a la agraviada a pasar por un examen médico legal de manera inmediata para certificar las lesiones o heridas producto de la agresión.
Agregó que en esta etapa es importante que la agraviada tenga el apoyo familiar e institucional para que pueda superar las secuelas físicas y/o psicológicas de la agresión.
LEER MÁS: 155 niñas piuranas fueron abusadas sexualmente por un familiar en el 2017
Explicó que otro actor es la Fiscalía, cuya función es investigar a profundidad todos los elementos que aporten al esclarecimiento del caso: declaraciones, hechos, evidencias, etc. En tanto, el Poder Judicial valora el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía y determina la sanción correspondiente al agresor.
Recordó que de este conjunto de sujetos judiciales depende la eficacia de las normas que regulan y protegen los derechos de la mujer, como la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cual es un avance pero ahora corresponde presionar para que se implemente totalmente y pueda cumplirse.
La abogada Sadith Aponte mencionó que hay otros avances en la protección de los derechos de las mujeres, como la prohibición de despidos laborales cuando la mujer está embarazada, la extensión de los días de pre y post parto, o la no discriminación laboral por razones de género.
