Diferentes Asociaciones de personas con discapacidad denuncian que a la Oficina Regional de Persona con Discapacidad (OREDIS) no se le asigna aún el presupuesto que le corresponde.
El presidente de la Asociación de Deportistas con Discapacidad de Piura, Juan Carlos Román Bances, quien también es trabajador del Gobierno regional, señaló que a esta oficina le correspondería un presupuesto mínimo del 0, 5% del presupuesto general del Gobierno regional lo que equivale a un millón de soles. Sin embargo hasta el momento no se designa ni un solo sol a esta importante área.
Recordó que la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, exige la designación de recursos para el sector que trabaja con las personas con discapacidad.
Román Bances, acompañado de personas de otras asociaciones de personas con discapacidad, dijo que espera que no se repita lo ocurrido en los últimos meses del año pasado cuando debido al déficit presupuestal que atravesaba el ente regional, se recortó a la OREDIS su presupuesto designado, imposibilitando que se continúen con las actividades previstas.
Al no asignarse aún el presupuesto a esta Oficina, corren el riesgo los proyectos de educación, salud y de biomecánica que actualmente se trabajan en favor de las persona con discapacidad, resaltó Juan Carlos Román.
Hizo un llamado al presidente regional, Reynaldo Hilbck, a destinar el presupuesto que le corresponde a la OREDIS.
DESPIDOS MASIVOS
Los representantes de las diferentes asociaciones de discapacitados, que brindaron hoy una conferencia de prensa, denunciaron el despido masivo de trabajadores con discapacidad en diversas municipalidades provinciales y distritales de la región.
Juan Carlos Román mencionó a las municipalidades de Piura, Castilla, Sullana, Bellavista de Sullana y Cura Mori, como las instituciones que estarían despidiendo a los trabajadores discapacitados.
Pidió a los alcaldes respetar los derechos laborales de este grupo de personas. Agregó que la Ley general de la persona con discapacidad exige que no menos del 5% del total de personal contratado en una institución pública sean personas con discapacidad.
Juan Carlos Román manifestó que si bien el Gbierno Regional no ha despedido a los trabajadores discapacitados, sin embargo no cumple con la cuota.
“Actualmente somos 23 personas con discapacidad las que trabajamos en esta institución, cuando deberíamos ser 50, como mínimo”, agregó el dirigente quien pidió al presidente regional que cumpla con la cuota exigida por ley.
