Los cuestionamientos a la Ley de Promoción Agraria, derogada por el Congreso de la República, generaron una serie de protestas a nivel nacional por considerarla nociva para los trabajadores agrarios. Sin embargo, según la especialista en temas laborales, Carolina Castillo, “la constitucionalidad de esta norma” ya había sido ratificada para promover la formalidad en el sector agrario.
Ella considera que los altos niveles de informalidad que existe en el país afectan el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en el sector agrario.
“La ley ha tenido éxito importante. El problema es que no se llega a aplicar del todo la norma porque hay un defecto de fiscalización”, señaló en declaraciones a Cutivalú.
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Según explicó, la Ley de Promoción Agraria tuvo importantes modificaciones como el de exigir que los sueldos no sean menores a una remuneración mínima vital, que la CTS y gratificaciones se abonen en el sueldo mensual, vacaciones por 30 días e indemnización por despidos arbitrarios.
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“El problema es el grado de informalidad que hay y no se están cumpliendo las normas, en lo que se refiere a seguridad y salud y remuneración laboral por parte de algunos empresarios”, cuestionó la abogada.
Esta informalidad-según expresó-escapa de la fiscalización del Estado que se centra en las grandes empresas porque “faltan inspectores” a instituciones como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
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No debió derogarse
La abogada señaló que la norma no debía derogarse porque “es necesario continuar con estas medidas de promoción”, pero sí debían hacerse ajustes en el tema de fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
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