Cinco días antes de que María del Carmen Alva sea elegida como presidenta del Congreso, en la ciudad norteña de Huarmey, al promediar el mediodía, más de cien obreros fueron trasladados al Hospital de Barranca con dolor estomacal, náuseas, diarrea y vómitos. La mayoría eran agricultores, quienes sufrieron una intoxicación colectiva por ingerir alimentos en mal estado otorgados por su empresa empleadora: Agrícola Huarmey.
“En el transcurso del viaje, presentamos diarrea, vómitos, habíamos comido una comida que se ha malogrado, lentejas y atún (…) Luego el doctor nos dio receta para tomar”, señaló un trabajador que no quiso decir su nombre, pero que fue registrado en video a las afueras del hospital. Lo más impactante fue que un grupo de obreros de Agrícola Huarmey al hospital ni siquiera contaba con seguro de salud.
Agrícola Huarmey es una agroexportadora que se dedica a la siembra de espárragos, arándanos y uvas desde hace más de treinta años. Es propiedad del esposo de María del Carmen Alva, el ingeniero Eric Farah Bote. Esta compañía no solo es la más antigua de la familia Farah Alva sino que también es una de las que les genera más ganancias. Según Veritrade, un portal de inteligencia comercial, en lo que va del año Agrícola Huarmey ha realizado exportaciones por más 7.5 millones de dólares.
La presidenta del Congreso, además de ser la esposa del accionista mayoritario de Agrícola Huarmey, aseguró tener, según su declaración jurada de intereses, el 3% de acciones en la compañía hasta octubre del 2018. María del Carmen Alva, según el mismo documento oficial, también es, desde le 2002, asesora legal de la empresa. Por otro lado, de acuerdo con su declaración de ingresos, Alva registra, en promedio, S/ 65 mil de ingresos anuales provenientes del sector privado.
EL FOCO tuvo acceso a vídeos inéditos en donde se ve a decenas de obreros, entre hombres y mujeres, esperando ser atendidos en el nosocomio Pedro Reyes Barboza de EsSalud, en Barranca. Los trabajadores, que no contaban con seguro médico, se vieron obligados a ir al Hospital Barranca-Cajatambo. Según un trabajador con quien conversó EL FOCO, el día del accidente desde la empresa les dijeron que si no presentaban las boletas del hospital “no se les pagaría el día”.
“Los trabajadores no se han intoxicado comiendo un menú en la esquina, sino que eso se ha dado en una condición de trabajo. Aquí el empleador es responsable” sostiene el profesor en derecho laboral y exministro de Trabajo Christian Sánchez.
Curiosamente, María del Carmen Alva ha ejercido durante los último cuatro años como asesora y consultora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dos días después de la masiva intoxicación en Huarmey, inspectores de Sunafil Áncash acudieron a la pampa Las Zorras, donde se encuentra ubicada la empresa. Levantaron actas sobre la intoxicación masiva de trabajadores, sin embargo, la investigación está estancada.
Todo parece indicar que las observaciones encontradas por la Sunafil irían al archivamiento, ya que EL FOCO pudo comprobar que hasta la fecha la entidad no ha elaborado un acta de infracción. Según la Ley Nº 28806, que regula la inspección al trabajo, Sunafil ya pudo haber establecido una multa de hasta S/ 225 879. EL FOCO intentó comunicarse con el intendente regional de Sunafil Áncash, Julio César Matheus López, pero este indicó que no estaba autorizado para hablar al respecto porque el caso “seguía en investigación”.
Las pésimas condiciones laborales que ofrece la empresa Farah Alva no son ningún secreto, sino que hasta motivaron una tesis profesional. En el 2017, los estudiantes de Derecho Stefany Huarac y Carla Tranca vieron a Agrícola Huarmey como un caso perfecto para estudiar la insatisfacción laboral. Tras encuestar a 68 obreros detectaron pagos a destiempo, maltrato de los jefes, mal uso de los equipos de protección y, por supuesto, el pésimo mantenimiento en áreas como el comedor.
“Sunafil pudo haber establecido una multa (…) Y si la inspección confirmaba los hechos irregulares incluso ya podría ser hasta una causal judicial para pedir una indemnización porque han causado un daño físico y hasta moral”, asegura el exministro Sánchez. Ante la Sunat, Agrícola Huarmey registra tener 1,094 trabajadores y, según la Ley Nº 29783, la empresa debe asegurar el permanente y óptimo funcionamiento de un Comité Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La familia de Maricarmen Alva siempre ha estado ligada a la política. Su padre, Miguel Alva, fue asesor del presidente Fernando Belaúnde Terry. Su tío, Javier Alva Orlandini, fue fundador de Acción Popular; y su sobrino, Luis Roel Alva, ha sido hasta hace un mes vicepresidente del Congreso por esa misma lista.
La familia del esposo de Alva también es cercana a la política. El suegro de Maricarmen Alva es Eduardo Farah, un excongresista de Solidaridad Nacional, tristemente recordado por ser el “primer congresista tránsfuga” tras pasar a las filas del fujimorismo.
El esposo de la hoy presidenta del Congreso, además de Agrícola Huarmey, tiene otras empresas similares que se dedican a la cosecha y exportación de frutos. Estas son: Desarrollo Agrícola SA, Frusan Agro, Proarandanos y Progranadas. EL FOCO se comunicó con Eric Farah y con Maricarmen Alva, pero ambos optaron por el silencio.
En diciembre, como se recuerda, las manifestaciones por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria durante el gobierno de Francisco Sagasti dejaron dos muertos por heridas de bala: Jorge Muñoz y Reynaldo Reyes. En todo ese dramático momento que vivió el país, la presidenta del Congreso jamás emitió opinión alguna al respecto, ni se solidarizó con los trabajadores agrarios fallecidos.
En el sector agrario aún queda el trauma de la Ley Chlimper, norma que se diseñó solo para incrementar las utilidades de un puñado de empresarios y familiares. ¿Podrá la presidenta del Congreso desligarse de sus intereses y ver, por ejemplo, la nueva Ley de Promoción Agraria con imparcialidad?
Este artículo fue publicado originalmente en Ojo Público
