Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú
El asesinato de 13 trabajadores en el territorio liberado de Pataz, en La Libertad, nos recuerda que este gobierno no tiene ninguna política concreta en materia de seguridad pública, ni medioambiental. Mucho menos en materia de formalidad y ordenamiento territorial.
Recordemos un poco los últimos hechos. El secuestro de los trabajadores ocurrió días antes del 30 de abril. El aún premier Gustavo Adrianzén tenía la información de ese secuestro, pero su respuesta fue minimizar y negar el hecho. Adrianzén negó que se tratara de un secuestro. Negó que un grupo armado se había apoderado de la zona. Negó que la minería ilegal avanza sin contratiempos. Adrianzén negó todo lo que pudo negar, como suele ocurrir con las protestas, la economía en declive, la crisis política y la desaprobación de Dina Boluarte. La respuesta de Adrianzén fue, por demás, negligente.
Y en el colmo del cinismo, este lunes, Adrianzén, con 13 muertos en su espalda, vuelve a declarar en conferencia de prensa que sí tomaron acciones para rescatar a los secuestrados. Es increíble el nivel de perversión política de este funcionario, protegido por la presidenta Dina Boluarte, otra impresentable.
«Adrianzén negó todo lo que pudo negar, como suele ocurrir con las protestas, la economía en declive, la crisis política y la desaprobación de Dina Boluarte»
El interés del Ejecutivo, de la mano con el Congreso, es dar carta libre a la minería ilegal. No todo es desconocimiento. Allí tenemos el REINFO. Ese régimen nació con el objetivo de formalizar a los mineros que exponían su vida en una actividad ligada fuertemente a la criminalidad y la ilegalidad. Reducir el número de mineros informales procuraba -aunque no garantizaba- menor incidencia de la minería ilegal. Pero como todo en nuestro país, los mineros, y los congresistas también, le sacaron la vuelta a la ley. Lo que nació como una solución temporal, terminó convirtiéndose en un seguro legal para la ilegalidad y la criminalidad.
Ocho años después de iniciado, el REINFO se volvió en un cuerpo putrefacto. No cumplió su objetivo primordial. De las 90 mil solicitudes que existen para volverse formal, sólo el 2.3% se llegó a formalizar. Dado el tiempo y el alcance, el REINFO sólo representa un fracaso total. Por ello, urgía su desactivación. Pero allí entran en juego nuestros padres y madres de la patria.
«La intención desde el Congreso, sobre todo de aquellos vinculados a la minería ilegal, fue dar prórrogas constantes al REINFO. El objetivo primordial es mantener este registro para cubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales«
La intención desde el Congreso, sobre todo de aquellos vinculados a la minería ilegal, fue dar prórrogas constantes al REINFO. El objetivo primordial es mantener este registro para cubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales. La existencia del REINFO le da continuidad a esa ilegalidad.
Se conoce que la minería ilegal usa, habitualmente, explosivos, equipos y materiales que dañan tanto el medio ambiente como los territorios ocupados, incluso muchos de ellos en extensión ancestrales. Sin embargo, ahora, cuando los mineros ilegales son detenidos por portar instrumentos propios de la minería ilegal, blanden su REINFO. Sí, presentan como defensa legal su inscripción al Registro de Formalización Minera.
Los congresistas de bancadas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado vieron en el REINFO la oportunidad perfecta para delinquir con la gracia del Estado. Se dieron cuenta que pueden actuar como delincuentes con la protección de la ley misma. La mayor prueba de ello es el asesinato de estos 13 trabajadores. Las víctimas fueron encontradas en una bocamina que tenía registro en el REINFO. Un lugar usado como parte de la minería ilegal pero con fachada de formalización.
«Los congresistas vieron en el REINFO la oportunidad perfecta para delinquir con la gracia del Estado. Se dieron cuenta que pueden actuar como delincuentes con la protección de la ley misma»
A pesar de que esta tragedia enluta a todo el país, los congresistas y el Ejecutivo, sin ningún respeto a las víctimas, ofrecen sus condolencias a las familias, aún sabiendo que estas muertes tienen una responsabilidad política y legal.
Algunos parlamentarios ya alistan una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros. Se necesitan 33 votos para que la moción pase a debate. Algunos sí apoyan la medida, aunque algunos otros sólo eligen la conveniencia política. No les interesa realmente lo que le sucede a los peruanos.
En una entrevista a medios nacionales, el padre de uno de los trabajadores asesinados calificó a Gustavo Adrianzén de “patán”, por su negligencia y su falta de acción ante este hecho. El calificativo pinta de cuerpo entero a este alto funcionario. Un patán en todas sus dimensiones. Un premier que no actúa para proteger la vida de los peruanos pero que tampoco tiene dignidad para renunciar al cargo.
«Un patán en todas sus dimensiones. Un premier que no actúa para proteger la vida de los peruanos, pero que tampoco tiene dignidad para renunciar al cargo»
Un último dato, que también duele como estas muertes. El próximo 30 de junio vence el plazo de 6 meses que el Congreso le dio al REINFO para que continúe en vigencia. ¿Qué harán entonces los parlamentarios, llegado el momento de poner en debate una vez más la desaparición del REINFO? Allí veremos su prudencia o cálculo político.
