Sorpresa y preocupación generó una reciente disposición del Ministerio de Cultura, tras autorizar la reducción del área protegida de las Líneas de Nazca. De acuerdo a una resolución viceministerial 000128-2025, el Ministerio de Cultura autorizó reducir el polígono que comprende la reserva natural. De esta forma, la extensión de las Líneas de Nazca pasan de tener 5600 km2 a únicamente 3200 km2.
Esta reducción no se realiza por proyecciones de obras o trabajos del Estado. En entrevista con RPP, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se mostró complaciente con la medida asegurando que esta nueva delimitación podrá “reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona”. Es decir, da prioridad al avance desmedido de actividades ilegales que contaminan y dañan en patrimonio de nuestro territorio.
Se conoce que en la zona existe, hace años, intentos por ocupar la reserva para utilizarla para la minería ilegal e informal. Aunque el titular de Cultura lo niega. No obstante, no descartó que existan estas economías ilegales en este perímetro.
“Hay algunos yacimientos mineros, pero no tengo la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí. (…) La minería informal es una actividad que está presente en esta zona”, admitió, a pesar de todo.
RECHAZAN LA MEDIDA
El Colegio de Arqueólogos denunció que el proceso no fue consultado ni compartido con entidades especializadas.
“Nos enteramos cuando salió la resolución viceministerial. Antes no teníamos ni siquiera indicios de que podía pasar esto”, afirmó Van Dalen.
Según el arqueólogo, la gestión actual del Ministerio de Cultura actúa de manera unilateral. “Lamentablemente, el ministro de Cultura, de manera dictatorial, hace caso omiso y no nos quiere dar estas reuniones de trabajo”, expresó para Infobae.
El decano recordó que, durante la administración anterior, se había concertado una serie de mesas técnicas para abordar problemas similares, pero estas fueron canceladas por la nueva gestión. Además, se refirió a la arqueóloga Moira Novoa, actual viceministra de Patrimonio Cultural, como responsable directa de la resolución que redefinió el área protegida.
