En la UGEL Paita desviaron fondos por más de 700 mil soles informó el secretario de la Comisión Regional Anticorrupción, Jaime Távara Alvarado. El dinero fue a parar a las cuentas de 13 funcionarios y 41 docentes.
Se trata de 733 mil 721 soles desviados a través de reintegros mensuales y abondos a las planillas de personal contratado, nombrado, en actividad y cesantes de la Ugel Paita. El informe también determina que los pagos que se dieron a cada docente involucrado oscilan entre 2 mil 400 soles y 7 mil soles, que reiteradamente se depositaban en sus cuentas.
El informe señala que se trata de 54 personas involucradas en estos desvíos, de los cuales 41 son docentes y el resto son funcionarios de la Ugel de Paita. Por ello, el perito contable sugiere incluir en la denuncia a las personas encargadas de la Ugel en aquel entonces: la ex directora Cecilia Tume y el ex administrador de dicha entidad educativa.
Como se recuerda, el caso salió a la luz a mediados de este año, cuando se denunció en un primer momento el desvío ilegal de 173 mil soles de la UGEL Paita, a las cuentas de algunos docentes. Ante esta situación, el secretario de la Comisión Regional Anticorrupción, Jaime Távara Alvarado, señaló que el gobernador regional ya dispuso la evaluación de otras Ugeles, aunque aclaró que estas evaluaciones no son pericias ya que no existen denuncias de por medio. Sin embargo, aseguró que, de detectarse casos similares al de la Ugel Paita, se entablará la denuncia respectiva y se iniciará el proceso debido.
Jaime Távara detalló que la ruta de esta presunta red de corrupción empieza en un colegio con una persona que recolecta cuentas de profesores y se pone en contacto con las principales autoridades de la UGEL.
Por ello dijo que si se ha encontrado estas irregularidades en una Ugel joven como la de Paita, en solo un año de evaluación, es necesario investigar las demás porque no se sabe qué estará sucediendo. En el caso de los 17 docentes involucrados en la denuncia y que están en actividad, Jaime Távara, aseguró que los directores pueden tomar acciones administrativas en su contra, independiente del proceso penal.
