La Municipalidad de Castilla le pagaba a supuestos “trabajadores fantasmas”, según un informe del alcalde encargado, Roberth Sánchez, quien alcanzará el documento a la Procuraduría.
El alcalde encargado de la Municipalidad del distrito de Castilla, Robert Sánchez, denunció presuntos actos de corrupción que se habrían presentado durante la gestión del actual alcalde suspendido Luis Ramírez Ramírez.
Sánchez aseguró que, sí existen deudas a más de 400 servidores y pagos estrepitosos a “trabajadores” que no existirían. Dijo que hace un tiempo, el consejo de regidores formó una comisión para pedir la suspensión de Ramírez por estos supuestos actos de corrupción que afectan a la comuna castellana, por lo que en las últimas semanas recién se realizó esta suspensión.
“El informe no incluía actos de corrupción, pero daba fuertes indicios de ello. Con la suspensión de 30 días al alcalde, analizaron el documento donde se encontró una lista de 50 trabajadores a los que no se conocían dentro de las instalaciones. Algunos habían trabajado brevemente en la Municipalidad. Sin embargo, seguían cobrando como si aún trabajaran en la entidad”, explicó el regidor.
No obstante, dijo que cuando empezó la investigación a los funcionarios, algunos de ellos optaron por renunciar al cargo y otros por tomar vacaciones de 30 días, al parecer para tratar de evadir la solicitud de dar información sobre el caso.
Por otro lado, explicó que existe un informe del año 2017 que fue entregado en los diversos departamentos de la comuna donde sostienen haber notificado a Luis Ramírez sobre el exceso de personal para lo cual debía tomar las medidas respectivas. “No hubo respuesta alguna de parte de la autoridad”, señaló.
“Esto se reiteró a mediados de este año, pidiendo que se tomaran medidas urgentes, no obstante se ponderó la negligencia del sillón municipal”.
Aclaró que la municipalidad de Castilla solo contaba con presupuesto para satisfacer hasta 300 locadores, pero fueron más de mil “trabajadores”, entre los que figuran trabajadores inexistentes. Para ello, se tuvo que crear 27 repuestos judiciales solo en serenazgo y a diario ingresan entre tres trabajadores con medidas cautelares.
“Otro problema de tener exceso de personal es que el presupuesto de la Municipalidad se acabó en el sexto mes, por eso no se podía pagar al personal de limpieza y serenazgo y se venía pidiendo créditos suplementarios al Ministerio de Economía y Finanzas.
Ante esta situación, el alcalde encargado anunció reducción de personal, pero en oficinas administrativas como en el Parque Zonal, vaso de leche y otras áreas administrativas”, indicó Sánchez.
Finalmente, informó que de inmediato alcanzarán el documento para que se haga un informe legal y pase a Procuraduría y ellos hagan la demanda penal, “porque esto ha traído muchos problemas, con “trabajadores fantasmas”, incluyendo obras”, sentenció Sánchez.
Fuente: Noticias Piura 3.0
