El incremento global del precio del petróleo, impulsado por conflictos en el Medio Oriente, eleva drásticamente el costo de los combustibles en el Perú, donde el galón de diésel ya alcanza los 25 soles y la gasolina los 22 soles.
Durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro de Cutivalú, a cargo del periodista Evaristo Chunga, el economista Jorge Manco Sacconetti identifica un problema estructural agravado por la falta de previsión ante choques externos y la caída en la producción interna de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que actualmente no cubre ni el 30% de la demanda nacional.
Esta situación genera una vulnerabilidad energética que afecta la economía de los consumidores finales ante una tendencia alcista que persiste en el mercado internacional.
La parálisis operativa de la Refinería de Talara, que procesa menos del 40% de su capacidad, debilita la posición estratégica de Petroperú frente a las empresas transnacionales que dominan el mercado.
En la Amazonía, donde la empresa estatal concentra el 85% del abastecimiento, la crisis de liquidez impide la compra de crudo a productores locales, provocando que el petróleo nacional se exporte a Brasil mientras los precios locales se disparan.
La falta de recursos financieros de la compañía responde a una política de asfixia económica que limita su capacidad de intervenir para moderar los precios en beneficio de la población.
El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene deudas millonarias con las empresas refinadoras e importadoras, lo que desarticula el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles como herramienta de mitigación.
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Ante este vacío, el gobierno actual implementa subsidios directos temporales que especialistas consideran ineficaces debido a la alta informalidad y la ausencia de un padrón real de beneficiarios.
Estas medidas de corto plazo no resuelven la deuda estatal de aproximadamente 2,700 millones de soles con Petroperú ni garantizan la estabilidad del mercado energético a largo plazo.
La designación de Oliver Stark en el directorio de Petroperú y la creciente influencia de Proinversión señalan una estrategia orientada a fragmentar y privatizar los activos de la empresa estatal.
Este proceso de desmembramiento ignora las utilidades operativas recientes de la compañía y genera rechazo entre los tenedores de bonos internacionales, quienes temen por el cumplimiento de las obligaciones financieras.
La ausencia de una política de masificación de gas natural y el manejo de la crisis actual exacerbar el descontento social en regiones como Loreto y Ucayali, donde el costo de vida aumenta ante la escasez de hidrocarburos.
