La Contraloría confirma que la Universidad Nacional de Piura autorizó el gasto de S/ 396.500 sin el procedimiento de selección y sin el sustento requerido por la normativa.
Según el informe 004-2023-2-0203 de la Oficina de Control Interno de la UNP sobre el servicio de “Mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central de la UNP”, la Contraloría determinó que, en el 2021, esta institución autorizó el gasto sin el procedimiento de selección adecuado y efectuó el pago sin el sustento requerido por la normativa y sin acreditar la prestación efectiva del servicio.
Entre los funcionarios con presunta responsabilidad penal se encuentran Luis Alberto Calle Estrada, Cinthya Del Socorro Alzamora Rivas, Natalia Irene Huiman Seminario, Anita Consuelo Zapata Guaylupo, Karina Galecio Angeldonis, Jorge Eduardo Garcés Agurto, Betsy Emily Zamora Vignolo y el exrector de la UNP, Omar Vences Martínez.
El informe detalla que, según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, la UNP no incluyó el gasto en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, tal como debe hacerse según la normativa de contrataciones.
Pese a ello, mediante la resolución rectoral 154-R-2021 del 4 de noviembre del 2021, se aprobó y autorizó el pago a 61 proveedores del servicio; incluyendo a personas no incluidas en dicha resolución. Esta situación, de acuerdo al informe, “benefició indebidamente a terceras personas con el pago de un servicio que no se evidencia que se haya realizado”.
La investigación de la Contraloría también determinó que las autoridades de la Universidad Nacional de Piura autorizaron y emitieron la realización “servicio de mantenimiento” en tiempo récord y, 24 horas después de esa resolución, se emitió el informe y ejecución final del mencionado servicio.
Ante los hallazgos, la Contraloría recomendó a la autoridad universitaria realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la institución que están implicados en el proceso irregular. Además, aconsejó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra quienes resulten responsables.
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