La Comisión Regional de lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región Piura organizó una reunión para acordar acciones en el marco de la campaña «Corazón Azul», que se realizará como parte de las actividades por el Día Mundial contra la trata de personas, rememorado cada 30 de julio.
La finalidad de la campaña es dar a conocer a la población la competencia funcional y articulación interinstitucional en la lucha contra la trata, promover las buenas prácticas en el contexto del Covid-19, conocer los retos establecidos para los años 2021 y 2022, fomentar la cultura de denuncia, sensibilización y concientización en la región Piura.
Para ello, a través de capacitaciones y talleres, se fortalecerán tres ejes estratégicos: prevención; encargado al Gobierno Regional; atención, protección y reintegración, encargado a la Unidad de Protección Especial (UPE); y prevención del delito, a cargo del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. Todas estas instituciones suman esfuerzos para realizar un trabajo articulado con el objetivo de reducir los índices de violencia y trata en la región Piura.
Diagnóstico de la trata de personas en Piura
Como parte de la reunión realizada el 24 de junio, el fiscal Ricardo Martínez Zegarra, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, expuso un diagnóstico preliminar sobre la trata en Piura. Según señaló Martínez, «la investigación que se viene realizando entre la policía y el Ministerio Público resulta insuficiente», pues se necesitan equipos de trabajo con logística y más participantes en la estrategia.
«Resulta necesario hacer una investigación proactiva, debe haber un abordaje con labor de inteligencia. Pero, el personal policial asignado a trata de personas no es suficiente para realizar estas actividades. La División de la Policía de Trata de Personas solo cuenta con tres efectivos policiales destinados a la investigación de este delito para toda la región», informó el fiscal Martínez.
En este sentido, la comisión destacó la necesidad de abarcar nuevas actividades en los sectores que podrían dar cabida a la trata de personas, como la mendicidad, el trabajo doméstico, el padrinazgo (menores de edad que son trasladados o trasladadas desde la sierra para realizar trabajo forzoso), la agricultura, la minería ilegal, la minería metálica y no metálica, bares y prostitución. Asimismo, los integrantes asumieron el compromiso de seguir ejecutando acciones para promover la prevención de la violencia y la trata de personas.
