Por Claudia Lu Panta, coordinadora del proyecto «Tu vida no tiene precio, denuncia la trata»
Hace dos décadas atrás, “no hables con extraños” era una frase común con la que nuestros padres nos alertaban del peligro de entablar conversación con cualquier persona desconocida que merodeara alrededor de los colegios, parques o algún punto transitado por niños, niñas y adolescentes, con intenciones nada buenas.
Hoy los agresores continúan al acecho con la intención de engañar y seducir a potenciales víctimas menores de edad, bajo las más diversas fachadas. Pero, a diferencia de antaño, ya no solo lo hacen cerca a escuelas y barrios; el peligro ya no termina al cerrar la puerta, con los niños y las niñas aparentemente seguros en casa.
Hoy, ese acosador, ingresa y se sienta en la sala junto a nosotros, o incluso entra con total libertad hasta las habitaciones de niños y niñas. Disfrazado de “army”, de “gamer”, de amante de los animales, de adolescente rebelde, de niño incomprendido. Ese disfraz muta convenientemente, y de manera camaleónica se adaptará a su potencial víctima.
Detrás de la pantalla de celulares, laptops o tablets, el agresor interactúa con hijos e hijas a vista y paciencia nuestra, de los adultos igualmente sumergidos en la virtualidad o en las múltiples ocupaciones y preocupaciones de la vida cotidiana. Y a través de los perfiles accesibles de cada menor de edad, le será fácil conectar con sus intereses, aficiones, ilusiones y desencantos.
El delito de trata de personas, conocido como la esclavitud del siglo XXI, y cuyo objetivo es convertir al ser humano en una mercancía con diferentes fines como la explotación sexual o laboral, tiene en la actualidad a las redes sociales como uno de sus principales medios de captación. La masificación del acceso a dispositivos conectados a internet, que se aceleró aun más con la pandemia, hace que niños, niñas y adolescentes sean los principales objetivos de los tratantes.
La desinformación sobre estas formas de captación, la falta de controles parentales, la escasa o nula comunicación al interior del hogar, los conflictos y la violencia intrafamiliar, incrementan el riesgo y convierten a menores de edad que padecen alguna o todas estas circunstancias, en las víctimas perfectas de los acechadores de la red.
Frente a estos riesgos corresponde a la sociedad en su conjunto estar siempre alertas y vigilantes. Padres, madres y comunidad educativa tenemos la responsabilidad de informar y sensibilizar a niños y niñas sobre los riesgos de hablar con extraños, ya no solo los que nos cruzaremos en la calle, sino en esos espacios virtuales donde será más difícil reconocerlos. Además, toca ejercer un mayor control de las conexiones que entablan mediante internet, de sus redes sociales y del tiempo que pasan en ellas.
A la par, el Estado también debe hacer su parte. En la presentación de la investigación ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’ a inicios de este año, ya la Defensoría del Pueblo reiteraba la necesidad de fortalecer el trabajo articulado y oportuno entre los operadores de justicia, para la prevención, atención, control y sanción del delito en el entorno digital, tomando en consideración el interés superior de niños y niñas.
En esa misma línea, Cutivalú, en alianza con Saipe en Amazonas, ha puesto en marcha un proyecto de prevención de la trata de personas en las regiones de Piura y Amazonas, que apunta precisamente, a afianzar la articulación entre comunidad educativa, autoridades, operadores de justicia y sociedad civil organizada, para evitar que más personas, en especial las más vulnerables, sigan siendo víctimas de un delito que atenta con lo más preciado de toda persona: su dignidad y su vida.
