Un acto repetitivo que huele a impunidad. En menos de dos meses, el destituido exjuez supremo César Hinostroza Pariachi se volvió a presentar ante las autoridades peruanas.
En medio de las diligencias seguidas por denuncias en su contra, Hinostroza participó de sesiones virtuales, victimizándose como parte de su defensa.
La primera fue ante una audiencia de tutela de derechos, a comienzos de agosto. El objetivo fue solicitar al juzgado que se declaren como “pruebas prohibidas” todas las pruebas de comunicaciones telefónicas debido a supuestas faltas de competencia de los fiscales a cargo para levantar esa información.
La segunda fue este viernes 22 de setiembre, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Su consigna fue la misma: solicitar que se declaren inválidas las pruebas en su contra amparándose en una supuesta observación procesal.
No obstante, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la denuncia constitucional, sin ningún voto en contra.
De esta manera, la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, deberá sustentar dicha denuncia ante el Pleno.
Mientras tanto, su orden de captura internacional está suspendida. Esto debido a que la Interpol consideró que se había vulnerado los derechos del magistrado destituido. Sin embargo, cabe recalcar que el pedido de captura dictado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Perú sigue vigente.
Ley Soto lo beneficiaría
La República consultó con la abogada penalista Giuliana Iglesias sobre las implicancias penales de la apelación de Hinostroza a la ley Soto para beneficiarse por la reducción de los plazos de la prescripción.
Según la especialista en asuntos penales, es necesario cuestionar los intereses que existen detrás de la emisión de la ley y las cuestiones que deja sin resolver.
“Lamentablemente, la reducción tan ínfima de plazos y la falta de diferenciación entre los diferentes tipos de casos conllevan a no garantizar una sanción legítima a los agentes y perpetuar los espacios de impunidad, afectando deliberadamente el combate contra el fenómeno de la corrupción”, cuestionó Iglesias.
Como se recuerda, la actual regulación señala que el plazo máximo de suspensión será de un año, sin mayor análisis en la distinción entre delitos simples, delitos complejos y delitos de organización criminal.
La penalista precisó que si bien no toda reducción de plazos es negativa, dicha ley permitiría ejercer maniobras dilatorias que entorpezcan las investigaciones y restrinjan la posibilidad de recabar suficientes elementos de convicción.
Conexiones
“Hermanito”. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha nombrado como reemplazo temporal de la exfiscal Zoraida Ávalos a Javier Huamaní Muñoz, quien defendió a Pedro Chávarry públicamente, además de tratar a César Hinostroza como “hermanito”.
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