El complejo metalúrgico de La Oroya en Junín opera desde hace un siglo, y fue denominada como Capital Metalúrgica del Perú y Sudamérica. Pero a su vez es considerada una de las diez ciudades más contaminadas en el mundo.
La contaminación por plomo, cadmio y arsénico ha ocasionado daños irreparables en la salud de los pobladores de La Oroya. Por esa razón durante el 12 y 13 de octubre se realizó la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, Uruguay donde pobladores de La Oroya expusieron los efectos de la contaminación en sus familias.
“Estamos a puertas de finalizar el proceso internacional”, señaló Christian Huaylinos Camacuari, abogado de la Asociaciòn Pro Derechos Humanos (APRODEH) en diálogo con Cutivalú.
Agregó que este es un precedente histórico para el Perú y el mundo, ya que es la primera vez que la CIDH analiza la afectación de los derechos humanos por parte de la actividad de una empresa privada pero con responsabilidad estatal por afectaciones a la salud y ambiente de las personas.
“La apuesta de nuestras instituciones es la vida, integridad y salud de las personas del país y la región de América”, sostuvo. Huaylinos señaló que las víctimas nunca han pedido el cierre del complejo ni han protestado contra los trabajadores, sino que “lo que se pide es que se brinden las garantías para el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y se asegure una atención sanitaria integral y digna para la población”.
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