La comunidad de Cantagallo es una de las zonas más vulnerables de Lima: ubicada a quince cuadras de Palacio de Gobierno, sus habitantes, antiguos migrantes y descendientes del pueblo originario shipibo-konibo, viven sin agua ni saneamiento fijo en un momento en que estas son condiciones claves para afrontar la amenaza del contagio con coronavirus. Por ahora reciben agua una vez al día en cisternas municipales que no terminan de contrarrestar el riesgo.
Según la dirigente Karina Pacaya, aquí se concentran alrededor de 480 familias, que durante años han estado expuestas a toda clase de avatares. En el 2016 un incendio destruyó buena parte de sus viviendas, y tuvieron que esperar más de dos años hasta que a fines del 2019 el Gobierno inició las gestiones para ofrecerles un proyecto habitacional. El lugar debía estar listo en diciembre de este año, pero el proceso se ha demorado en la etapa de titulación.
«Ahora ya son tres años y no se ha cumplido el ofrecimiento que nos hizo el presidente Kuczynski», dice Pacaya.
La llegada del coronavirus ha traído nuevas restricciones en una comunidad que alberga alrededor de 450 niños y medio centenar de ancianos que resultan los más vulnerables de los vulnerables. La población trata de mantenerse en los linderos de su territorio, donde hasta el momento en que se hicieron esas fotos no se habían detectado casos de afectados por el coronavirus.
«No tenemos los servicios que tiene el resto de la población», insiste la dirigente de la comunidad. Tampoco tienen ingresos y la ayuda llega con limitaciones. Estos son sus días más críticos.