Cinco agricultores de Tambogrande fueron detenidos durante el paro distrital que se organizó contra del proyecto minero El Algarrobo. La manifestación se produjo el último viernes 28 de febrero, día en que los agricultores mostraron su rechazo a la minería impuesta por la oficina de ProInversión. Sin embargo, este paro expuso varios hechos presuntamente irregulares de parte de la policía nacional.
Ante esto, la abogada Betsy Zavaleta, defensa legal de uno de los detenidos, cuestionó el actuar de los policías durante la manifestación. Según señaló, los agentes actuaron con un uso desproporcionado de la fuerza.
Otra de las irregularidades que denunció fue que los agricultores marcharon en Tambogrande pero se les detuvo en la comisaría de El Obrero, en Sullana. Al conocer la ubicación real, los abogados acudieron a la mencionada dependencia policial, para representar legalmente a los detenidos. Sin embargo, estando allí, se les impidió defender a sus patrocinados.
“No hubo proporcionalidad cuando usaron perdigones directamente al cuerpo. Han maltratado a comuneros que ya estaban reducidos. De 15 a 20 policías para una persona que ya estaba reducida, es una total desproporción. Se tiene que tomar acciones en contra de este mal manejo y mal uso de la fuerza policial. Se llevaron a cinco ronderos a la dependencia de Sullana, cuando todo fue en Tambogrande. Allí estuvieron cinco horas incomunicados. Cinco abogados nos acercamos a la comisaría y se nos prohibió el ingreso”, cuestionó la abogada.
La letrada explicó que otra irregularidad que se nota fue que la policía habría hecho firmar un acta sin presencia de un abogado defensor. La abogada advierte que en el acta se habría buscado incriminar a los agricultores detenidos, aprovechando que no tenían acceso a un abogado defensor.
“En la Comisaría del Obrero jamás nos dejaron ver a nuestros patrocinados. Cuando los agricultores fueron enviados a la Unidad de Flagrancia, ya se nos permitió ingresar. Ahí nos damos cuenta que a las 12:45 de la tarde se terminó de firmar un acta policial donde hay un montón de cosas que pueden incriminar a los ronderos. Y estas actas han sido sin la presencia de un abogado. Incluso, una persona iletrada puso su huella allí (en el acta policial)”, advirtió.
Betsy Zavaleta mencionó, además, que el acta policial contra los detenidos, se consignó que los agricultores actuaron violentamente y que se autolesionaron. Y todo eso está firmado por los detenidos, a pesar de que no hubo ningún abogado defensor presente.
“Algunos agricultores también fueron golpeados por la policía y tienen marcas en el cuerpo. Incluso, a un adulto mayor le pusieron casi 11 puntos en la oreja porque le han volado la oreja con un perdigón. En el acta, lamentablemente, los hicieron firmar una parte que me parece absurda. Allí dice que los agricultores actuaron violentamente y se autolesionaron, quitando responsabilidad a la policía. Luego, la policía indica que hubo un comunero con machete y armas blancas que, justamente, es una persona iletrada que no sabía cómo iba el proceso. Esto tiene muchas irregularidades”, reclama Zavaleta.
Por ello, señaló que los 6 abogados que llegaron hasta la comisaría de El Obrero, interpusieron un habeas corpus, para poder salvaguardar la integridad de sus defendidos frente a estas presuntas irregularidades.
“No es posible que, con 6 abogados afuera de la Comisaría de El Obrero, el mayor y el comisario no nos dejaran pasar para ver a nuestros patrocinados. Es por eso que interpusimos un habeas corpus”.
La abogada sostuvo que, pese a los cuestionables hechos que ocurrieron en la comisaría de Sullana, confía en que la denuncia no llegará a fase de formalización contra los agricultores. Sin embargo, también hizo un llamado a los fiscales del caso para que no actúen favoreciendo a intereses particulares.
“No hay pruebas para que se formalice en primera instancia la denuncia contra los agricultores. Creo que esta etapa en la Fiscalía no debería pasar. Esperamos que los fiscales que tienen a cargo este caso sepan de leyes y no favorezcan ciertos intereses económicos de nuestro país. La mayoría de casos de criminalización de la protesta en el Perú son casos que los utilizan como escarmiento para que luego no haya paros ni movilizaciones”, alertó la letrada.
PNP no responde
Cutivalú se comunicó con la Oficina de Imagen Institucional de la Región Policial de Piura, para conocer su versión frente a las acusaciones de los abogados contra los agentes de Sullana; pero, hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
Rechazan la minería
Cabe recordar que el último viernes, los agricultores marcharon contra el proyecto minero El Algarrobo, que ProInversión concesionó a favor de la empresa Buenaventura. Los hombres y mujeres de campo rechazan esta decisión estatal y señalan que, hace 23 años, el pueblo de Tambogrande decidió, bajo la primera consulta popular de América Latina, que su modelo económico es y será la agricultura, negando todo intento de imposición de actividad minera.
