Preocupación y rechazo ha generado la decisión del Ejecutivo, de cerrar 14 programas de inversión pública autónomos. La medida, lanzada desde el Ministerio de Economía, exige que estos programas nacionales pasen a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Ante ello, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, sostuvo que la desaparición de unidades ejecutoras como el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el PRONIED o el PRONIS, pone en riesgo la ejecución de proyectos trascendentales para Piura. Tal es el caso de los 105 asentamientos humanos.
Respecto a esta decisión del MEF, Madrid Orúe advirtió que esto podría resultar contraproducente para las regiones.
“La ANIN no tiene rol financiador, solo ejecutor, lo que limita su alcance para responder a la demanda regional”, señaló el burgomaestre.
Centralismo
El alcalde de Piura planteó además que unificar todos los programas de inversión pública en una sola institución significa tener una visión centralista. Por ello, la autoridad edil pidió al Gobierno central transferir competencias a los gobiernos regionales y locales, para lograr una mayor capacidad de gestión en proyectos que permitan captar recursos.
“Esto permitiría atender de manera más efectiva las necesidades urgentes de las regiones”, detalló Madrid.
Reactivación económica
En otro momento, el alcalde provincial alertó que la recentralización de competencias generaría descoordinación, ineficiencia y retrasos en obras clave para el desarrollo local. Para Madrid, esta medida puede afectar la reactivación económica y la calidad de vida de la población piurana.
Se oponen
En tanto, el dirigente Dewar Gómez, presidente del colectivo “Por la Vida y la Salud”, rechazó de manera tajante esa decisión del Ejecutivo, por su afectación directa al megaproyecto de agua y alcantarillado de los 105 asentamientos humanos.
Según explica Gómez, la ANIN no tiene la capacidad suficiente para ejecutar todo el paquete de obras de estos 14 programas de inversión.
“Si la (ANIN) no puede resolver las ciento treinta y tantas obras abandonadas que tiene la ARCC, ¿cómo pretenden absorber 14 sectores? Si bien es cierto, hay sectores que no han hecho su trabajo, pero la sociedad civil se ha pronunciado para que se continúe con la descentralización, no sólo territorial sino económica”, apuntó Dewar Gómez.
Centralismo
De la misma opinión es el presidente de Gestión Sectorial para el Agua y Alcantarillado de Castilla, Wilder Farfán Tarque. Según expone el dirigente, la decisión del MEF es desatinada. Del mismo modo, agrega que la Autoridad Nacional de Infraestructura “no sirve para nada”.
“Me parece una decisión desatinada. No es que digamos los dirigentes que la ANIN no sirve para nada. La evidencia nos demuestra que no sirve para nada, porque ya tiene 2 años, me parece, y no tiene ningún avance”, relata el dirigente.
A esto se suma el problema del centralismo en los recursos públicos. Para Farfán Tarque, la descentralización en el país sólo está en el papel.
“Estamos hablando de una centralización, porque vivimos la descentralización sólo en el papel. Lo que recauda Piura no revierte para Piura, para poder hacer las obras que necesita. Considero que debe haber una real descentralización”, refiere.
El dirigente alertó también que un alto número de trabajadores (cantidad aún no definida) quedará desempleada con la desaparición de estos 14 programas nacionales.
Ahorro
La medida del Ejecutivo se argumenta en un supuesto ahorro de recursos públicos para la ejecución de los programas señalados. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, esta reorganización lograría un ahorro de 2 mil 500 millones de soles en el gasto público, en los próximos 6 meses. Para el 2026, el ahorro alcanzaría los 4 mil millones de soles anuales.
Las unidades que pasarán a la ANIN serán PRONIED, PRONIS, PROVÍAS, PNSU, PNSR, PRONATEL, PSI, entre otros programas nacionales de inversión pública.
En silencio
Buscamos la respuesta de la Autoridad Nacional de Infraestructura, respecto a estas acusaciones de falta de capacidad para los proyectos. Sin embargo, respondieron que no podían brindar declaraciones porque aún no existe el documento oficial (decreto supremo) que detalle la transferencia de estos 14 programas nacionales de inversión.
