Escrito por: Wilmer Fernández, director de Cutivalú
Las nuevas encuestan revelan que la aprobación de Dina Boluarte es del 4% y del Congreso es del 2%. La ilegitimidad del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso no tienen comparación. En otras democracias, con esos niveles de aprobación, otros políticos ya habrían renunciado. Un gobierno sin legitimidad ni reconocimiento de la población es un gobierno sin el poder soberano para gobernar. ¿Por qué la percepción de ilegitimidad?
Primero, la llegada de Boluarte al poder no fue resultado de una elección directa, sino de una sucesión constitucional tras la destitución de Castillo, lo que ha llevado a sectores de la población a considerarla una figura impuesta o usurpadora del poder que no se le dio. Su gestión está marcada por una fuerte desaprobación, que según encuestas recientes supera el 95%, reflejo de un descontento generalizado ante su manejo de la crisis política, la represión de protestas y su alineación con un Congreso dominado por fuerzas conservadoras.
Esta alianza con la derecha parlamentaria, que incluye a partidos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, ha sido interpretada como un pacto de conveniencia para mantenerse en el poder, alejándola de las bases que inicialmente apoyaron la fórmula de Perú Libre, partido del que fue expulsada.
«Su aprobación, según encuestas recientes, apenas supera el 4%, un reflejo de su incapacidad para conectarse con la ciudadanía«
La ilegitimidad de Boluarte se agrava más por su propia gestión. Su aprobación, según encuestas recientes, apenas supera el 4%, un reflejo de su incapacidad para conectarse con la ciudadanía y abordar las demandas de elecciones anticipadas, una nueva constitución y justicia social. Además, escándalos como el «Rolexgate» y su ausencia injustificada por una cirugía estética han reforzado la imagen de una presidenta frívola más preocupada por intereses personales que por el bienestar del país. Su decisión de convocar elecciones para abril de 2026, anunciada hace una semana, llega tarde, y parece un intento desesperado por calmar las aguas, no una solución estructural a la crisis.
«El Congreso enfrenta un rechazo aún mayor, con niveles de desaprobación que rondan el 93% y una aprobación de tan solo el 2%«
El Congreso, por su parte, enfrenta un rechazo aún mayor, con niveles de desaprobación que rondan el 93% y una aprobación de tan solo el 2%. Su ilegitimidad se atribuye a la desconexión con las demandas ciudadanas, como el pedido de elecciones anticipadas que no ha prosperado pese a la insistencia de la gente. Además, ha sido acusado de priorizar intereses particulares sobre los nacionales, como la aprobación de leyes controvertidas que sólo los favorece a ellos —por ejemplo, la Ley de Crimen Organizado, ley antiong— y de blindar a Boluarte frente a múltiples mociones de vacancia que no logran los votos necesarios debido a esa alianza tácita.
La protección de Boluarte, pese a las evidencias de irregularidades, y su resistencia a adelantar elecciones antes de 2026 evidencian un divorcio con la voluntad popular. La percepción de que el Legislativo actúa como un club de intereses privados ha consolidado su ilegitimidad.
«Perú necesita una renovación profunda: instituciones que representen a todos y todas, no solo a una élite limeña; y líderes capaces de sanar las heridas de un país fracturado«
Esta doble crisis refleja un sistema político en quiebra, donde la legalidad choca con la legitimidad. Perú necesita una renovación profunda: instituciones que representen a todos y todas, no solo a una élite limeña; y líderes capaces de sanar las heridas de un país fracturado. Mientras Boluarte y el Congreso se aferren al poder sin escuchar al pueblo, la estabilidad seguirá siendo una utopía.
Caminos para democratizar nuestra democracia. Será el Perú una democracia o no lo será. Estrategias para salvaguardar la democracia. Primero, encausar todas las fuerzas de talante democrático en una amplia coalición que destruya a los extremismos con tendencias más bien autoritarias. Una grave crisis requiere de una extraordinaria cooperación, de un frente común a favor de la democracia.
«Una grave crisis requiere de una extraordinaria cooperación, de un frente común, a favor de la democracia«
En segundo lugar, el riguroso empleo del derecho contras los extremistas, es decir, usar la ley para excluir a los movimientos políticos o políticos con ideas que no favorecen la democracia. En tercer lugar, salvaguardar y promover el derecho al voto de todos y todas las ciudadanas. Cuarto, velar por que los resultados de las elecciones reflejen la preferencia de la mayoría; y, quinto, otorgar poder a las mayorías gobernantes.
