¿Cuánto más aguantará el Perú este caos económico, político y social en el que nos han metido los y las actuales gobernantes?
Esta es la gran pregunta que nos hacemos cada mañana muchos y muchas peruanas que, escandalizados, seguimos de cerca el proceso de destrucción de la institucionalidad peruana, por un Congreso de la República conformado por aquellas fuerzas antidemocráticas como Fuerza Popular de Keiko Fujimori; Alianza para el Progreso, de Cesar Acuña; Podemos, de la familia Luna; Renovación Popular, de Rafael López Aliaga; Acción Popular de Raúl Diez Canseco y de Víctor Andrés García Belaunde; y Perú Libre, de Vladimir Cerrón.
La democracia peruana está en manos de grupos de poder, cuyos organizadores, en primer lugar, no tienen más proyecto de país que el poner al Perú al servicio de sus empresas familiares.
En segundo lugar, sus partidos políticos, con los cuales están en el gobierno, han constituido una gran matriz de corrupción interminable en el Perú. Estamos hablando de una matriz organizada que genera, que engendra, permanentemente, personajes políticos; hombres y mujeres corruptos y corruptas que no tiene más interés por el poder que hacerse ricos con los recursos del estado peruano. Los peruanos y peruanas no les interesa siquiera una pizca. No estamos en el radar de sus preocupaciones políticas. Usan la democracia solo como herramienta para llegar al poder.
Pero, en realidad, no creen en la democracia, puesto que, estando ya en el poder, gobiernan de espaldas al pueblo peruano. Por ejemplo, este Congreso ha castrado los sistemas de participación política ciudadana, con varios decretos ley. Han cerrado puertas a los movimientos políticos regionales. Están quitando la paridad y alternancia de género para postular a puestos políticos. Han quitado el derecho a referéndum para proponer cambios constitucionales. Han criminalizado las marchas sociales para que la gente no proteste más. La lista es muy larga para ponerlo todo en este comentario.
La matriz de corrupción que gobierna hoy el Perú no es nada democrática. Tampoco es afecta a los derechos humanos. Los y las políticas que gobiernan hoy el Perú han creado un Estado que no cumple su rol supremo expresado en los artículos 1 y 2 de la constitución de 1993, que es garantizar la dignidad de todos y todas las peruanas, sin exclusión de nadie.
Para la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, para la mayoría de congresistas, la vida de los peruanos no significa nada. Esta matriz de corrupción ha invisibilizado los 70 muertos y los más de 900 heridos en las protestas sociales del 2022 y 2023. Han manipulado todo el sistema judicial para liberarse de sus responsabilidades. Han puesto en primer lugar sus intereses económicos, a ayudar a que los familiares de los fallecidos y heridos tengan justicia.
Hoy, la vida de los defensores de la democracia, de los derechos humanos, de las mujeres, de los bosques, de las fuentes de agua y de las tierras campesinas; no tiene valor. Con este gobierno han ganado los mineros ilegales, los violentos de las mujeres, el machismo, los predadores de bosques, los destructores de fuentes naturales de agua, los corruptos.
Esta matriz de corrupción tiene que ser combatida por todos y todas las peruanas, con argumentos o propuestas políticas, con alianzas de partidos y movimientos democráticos, con movilizaciones sociales masivas.
Los políticos y políticas engendrados en esta matriz no pueden continuar gobernando el país, no puede volver a gobernar en las siguientes elecciones.
En efecto, en primer lugar, ante la destrucción del Estado democrático ocurrido en los últimos 3 años, se hace urgente, ahora, una movilización nacional que tenga como agenda la recuperación de nuestros derechos políticos básicos y de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes y la participación plural de la ciudadanía en los procesos electorales. Ya hay una convocatoria para el 28 de julio. Nos toca participar a todos y todas.
En segundo lugar, para que esta matriz de corrupción sea desterrada del país, ninguno de los políticos/as que están hoy en el poder ejecutivo, en el Congreso, deben volver a ser elegidos/as, ni como congresistas, ni como alcaldes y gobiernos regionales. Su deslealtad al voto popular debe ser castigada por la ciudadanía.
En este momento, solo la movilidad social ciudadana y democrática salvará al Perú de la matriz de corrupción que lo gobierna.
