
Un grupo de colectivos sociales de Piura y de otras regiones del Perú afectadas en gran medida por el nuevo coronavirus enviarán un petitorio al presidente Martín Vizcarra, al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera para que tome medidas en relación a la venta y distribución de medicamentos durante la emergencia sanitaria.
Esto luego de que las cadenas de farmacias y boticas aumentaran dramáticamente el precios de algunos medicamentos, principalmente, los usados para combatir el coronavirus, y también porque las farmacias de los hospitales y centros de salud han presentado desabastecimientos de estos productos.
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Por ello piden que el gobierno y el Congreso garanticen el abastecimiento de un kit básico para la atención para los pacientes internados o que acudan a los hospitales lo adquieran gratuitamente. Mientras que las cadenas de farmacias también lo deben tener pero a los costos más bajos, para paciente particulares.
“Necesitamos una política de medicamentos justa. Los especialistas han señalado que debe ser prudente, con razonabilidad y racionabilidad”, dijo Alina Antón Chávez en una reunión virtual con los representantes de los colectivos.
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De lo contrario, se pide la intervención del Ministerio Público para perseguir y sancionar penalmente un eventual delito de especulación y acaparamiento de parte de las cadenas privadas.
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Los pedidos son:
- Establecer un paquete y fijar su precio de medicamentos genéricos, material de protección y los servicios de salud destinados a combatir específicamente al COVID-19, como bienes y servicios esenciales de primera necesidad.
- Exonerar los impuestos de los medicamentos requeridos para el tratamiento del COVID-19, de tal manera que los precios bajen y sean accesibles a todos los ciudadanos.
- Abastecer las farmacias de todos los establecimientos de salud del Perú con los medicamentos para el tratamiento del COVID-19; y que éstos sean entregados de manera gratuita a los pacientes según la prescripción médica.
- Fiscalizar de manera permanente y efectiva a las farmacias, boticas, clínicas y centros médicos privados, para prevenir y sancionar la especulación de los precios de los medicamentos, material de protección y los servicios de salud.
- Sancionar de manera ejemplar y efectiva a las empresas distribuidoras o terceras personas por acaparamiento, especulación, abuso del poder económico, en la venta de los bienes y servicios de salud.
El petitorio está firmado por 21 organizaciones sociales, entre estas el CIPCA, Inundación Nunca Más, CANAT, el Colegio de Obstetras del Perú, y Juvecos. Además de 14 ciudadanos en general y docentes de la Universidad Nacional de Piura (UNP).
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