La Gerencia General y Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura aún no emiten las resoluciones de 70 casos de funcionarios a los que la Comisión Especial de Procesos Administrativos (CEPAD) recomienda sancionar tras ser hallados responsables de faltas cometidas durante el 2014 y 2015.
Los integrantes de la CEPAD del Gobierno Regional de Piura, junto a los de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos se presentaron este lunes ante la comisión de Fiscalización del Consejo Regional, que preside el consejero Óscar Echegaray Albán, después de que fueron citados para dar cuenta de la cantidad de casos de trabajadores y funcionarios del Gobierno regional de Piura que han sido sancionados por faltas cometidas durante los últimos años.
La presidenta de la Comisión Especial de Procesos Administrativos (CEPAD) del Gobierno regional, Olga Trelles Martino, detalló que en el 2011 se recomendó sancionar a 146 funcionarios y se emitieron las resoluciones.
En el año 2012 se emitieron 147 recomendaciones y la Gerencia General y Asesoría Jurídica dictó la misma cantidad de resoluciones. Mientras que en el año 2013 se presentaron 44 casos, agrega la funcionaria.
Sin embargo, en el año 2014, de los 83 informes que emite la CEPAD recomendando sancionar a funcionarios, sólo se emitió 57 resoluciones. Lo que evidencia que aún están pendientes 26 resoluciones.
En lo que va del año 2015, de las 54 recomendaciones de sanciones apenas se han emitido 10. Aún faltan por emitirse 44 resoluciones que están en Asesoría Jurídica sin que hasta el momento se dé conformidad a estas acciones, detalla Olga Trelles, ante el Consejo Regional Piura.
El consejero regional, Óscar Echegaray, cuestionó que las recomendaciones de la CEPAD sigan estancadas en Asesoría jurídica. Alertó que la mayoría de estos casos podrían prescribir, sobre todo los que vienen del año 2014.
El consejero recordó que la norma es clara. Explica que si un informe no recibe, en el plazo de un año, la confirmad de ley a través de una resolución, en este caso de la gerencia general y asesoría jurídica, entonces prescribe.
Esta situación podría ocurrir con los 70 informes de los años 2014 y 2015 donde se recomienda sancionar a los funcionarios y funcionarias, sin embargo, no se emiten las resoluciones.
Óscar Echegaray señaló que el entrampamiento que hay en este proceso se encuentra en el área de Asesoría Jurídica. Por ello dijo que volverán a citar a la CEPAD para que detalle quiénes son los funcionarios sancionados y cuáles son sus faltas, dado que hoy esta información no fue presentada ante la comisión de fiscalización del Consejo regional.
El mencionado consejero informó que propondrán que se modifique la directiva que establece que cuando el CEPAD emita su informe de recomendación de sanción, pase por Asesoría Jurídica.
El consejero dijo que no hay lógica en que la CEPAD, que está conformado por abogados y abogadas, que determinan una sanción, tenga que pasar nuevamente a otro grupo de abogados de Asesoría jurídica, donde no sólo se estancarían los procesos, sino que se estaría reduciendo las sanciones establecidas, e incluso absolviendo a los hallados responsables de faltas por la CEPAD.
