Una revisión de la base de datos de la Policía Nacional reveló inconsistencias en los registros de homicidios de 2025. Según la última conferencia del Ministro del Interior, César Astudillo, la cifra de muertos durante el 2026 se redujo en un 24.6% respecto al 2025. Esta información es utilizada por el Gobierno de Keiko Fujimori, para sostener que la criminalidad disminuyó. Sin embargo, un análisis independiente que realizó el analista de datos Juan Carbajal, advierte que la supuesta reducción podría estar fuertemente distorsionada.
El problema recuerda una vieja práctica del fujimorismo: convertir las cifras y la información oficial en herramientas para construir un relato político favorable al Gobierno de turno.
El dato oficial señala que entre enero y junio de 2025 se registraron 1.680 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra habría descendido a 1.267 casos. Es decir, 413 homicidios menos, una reducción cercana al 25%. Esa cifra la presentó el Gobierno como evidencia de que su estrategia de seguridad da resultados. Pero el problema aparece cuando se revisa cómo se construyó el dato de 2025.
El analista de datos Juan Carbajal detectó un comportamiento anómalo en la categoría denominada “Otros objetos” dentro del sistema DIVCOP de la PNP. Mientras durante el primer semestre de 2024 se registraron 125 casos y en el mismo periodo de 2026 aparecen 120, en los primeros seis meses de 2025 el número se disparó hasta 494 homicidios.
La anomalía se concentra especialmente entre abril y junio de 2025. En esos tres meses aparecen 416 registros bajo esa categoría. Este dato no guarda correspondencia con el comportamiento observado en los demás años.
¿500 bebés muertos?
Y hay un dato todavía más desconcertante. Dentro de esa información aparecen registros correspondientes a víctimas de cero años de edad en cantidades que no tienen correlato en los años anteriores ni posteriores. Al desagregar la información, encontró que el sistema registró 133 homicidios de personas de 0 años en ese mismo trimestre: 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. En 2024 y 2026, esa misma categoría marca entre 0 y 1 caso en todo el semestre.
Para Carbajal, estas inconsistencias son suficientes para exigir una auditoría de la información antes de que esos datos se utilicen para medir el comportamiento de la criminalidad.
El asunto es políticamente delicado, porque el Gobierno utiliza, precisamente, esa comparación para defender la continuidad del cuestionado comandante general de la PNP, Óscar Arriola. El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que para agosto del 2025 había alrededor de 500 muertos más. Con este argumento busca respaldar la permanencia del jefe policial.
Una reducción inconsistente
El analista plantea una corrección que cambia radicalmente el escenario. Si se reemplazan los registros anómalos del segundo trimestre de 2025 por un comportamiento acorde con el promedio histórico, el número de homicidios de ese año sería considerablemente menor al oficialmente reportado.
Eso significa que la caída de 24,6% anunciada por el Gobierno podría estar sobredimensionada. En otras palabras, el Ejecutivo celebra como un éxito extraordinario una reducción que, después de corregir las inconsistencias, sería mucho más pequeña.
El fantasma de las cifras manipuladas
La preocupación adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa la historia política del fujimorismo. Durante el régimen de Alberto Fujimori, la información, las instituciones y los mecanismos del Estado se utilizaron para sostener políticamente al Gobierno. El manejo de la información durante el fujimorismo no puede analizarse separado del control político de los medios de comunicación y del aparato de inteligencia dirigido por Vladimiro Montesinos.
Durante los últimos años del régimen existió una maquinaria de propaganda y presión sobre medios de comunicación. Las investigaciones posteriores documentaron el uso de recursos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para influir en determinados medios y construir una imagen favorable al régimen. Investigaciones posteriores sobre ese periodo documentaron el uso de estructuras estatales y mecanismos irregulares destinados a garantizar la permanencia del régimen y su control político.
