Por.- Carmen Rosa Campos Mendoza, especialista en Género de Cutivalú
Nuestro país, al igual que los demás países del planeta, está en emergencia sanitaria por la amenaza gigante del covid-19 “coronavirus”, que pone en jaque a nuestra población, a la cual debemos proteger pues es un mandato constitucional donde “la persona humana, es el fin supremo de la humanidad”.
Si bien es cierto, estamos en emergencia sanitaria, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales de las personas, especialmente de los grupos de población vulnerable, como son para este caso, las mujeres.
A pesar de las circunstancias, los esfuerzos del Gobierno Nacional y el abastecimiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no es adecuado; en zonas de nuestra región como el distrito de Chulucanas, el servicio de Planificación familiar había paralizado, poniendo en riesgo el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Pues, como sabemos su situación de dependencia económica las hace vulnerable y las expone a actitudes muchas veces violentas.
Siendo Piura el segundo departamento con más población y por tanto con más mujeres en edad fértil, es una preocupación, especialmente en situación de emergencia que estas medidas se hayan adoptado en nuestra región, en lugar de buscar estrategias y aliados para garantizar la funcionalidad del servicio de planificación familiar con las medidas de seguridad pertinentes.
El año 2019 se atendieron a 71,352 parejas de las 123,896 parejas programadas por la estrategia de salud sexual y reproductiva; esta cifra es un avance. Las mujeres han comprendido que es su derecho ‘decidir cuántos hij@s tener’, es por ello que frente a este contexto las lideresas de organizaciones de Chulucanas han realizado acciones de incidencia ante sus autoridades locales, para que el tema sea puesto en la agenda de la defensa civil en el marco de la emergencia; se han tomado decisiones desde el ente correspondiente para atender esta situación.
